Noticias

CINCO CUESTIONES DEBATIDAS ACERCA DE LA PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Desde el 2006(1), la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha venido decantando que la planeación de los contratos estatales hace parte de una indiscutible tríada: (i) racionalización del gasto público, (ii) ordenación de medios razonables y (iii) plena satisfacción de las necesidades de interés general.

 

(i) Principio o deber

 

 

 

El primer debate que se ha venido dando acerca de la planeación tiene que ver con su naturaleza de principio o deber, que no está expresamente enunciado en las leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007. Puede afirmarse, valorada la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado entre el 2006 y el 2020, que se trata de un principio, cuando se encuentra asociado a aquellos definidos en el régimen contractual de la transparencia, la economía y la responsabilidad. En tanto, es un deber, si se comprende con base en las obligaciones consagradas en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993, en cabeza de las entidades contratantes, como de los contratistas (oferentes o proponentes).

 

(ii) Aplicación y protección

 

El segundo debate se ha concentrado en discutir si se trata de un principio o deber que se agota en su aplicación, invocación y protección en la etapa precontractual. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado nos indica que la planeación no se agota en la mencionada etapa, sino que es transversal a todas, de manera que debe examinarse su interacción en cada una de ellas con las exigencias que se deben operar, siendo esencial, por ejemplo, para la consideración de figuras como las de las prórrogas o las adiciones durante la ejecución del contrato, tal y como la Corte Constitucional lo evaluó en la Sentencia C-300 del 2012.

 

En la mencionada providencia, el alto tribunal advirtió: “Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas, y (b) no corresponder a objetos nuevos; lo contrario crearía incentivos para que las partes se aprovechen de la alta especificidad de las inversiones que la infraestructura demanda y de que la relación contractual ya se encuentra formada, para comportarse de manera oportunista, es decir, mediante conductas dirigidas a ignorar los principios de la contratación estatal –como la libre concurrencia y la selección objetiva– y, por esta vía, de la función administrativa constitucionalmente consagrados”.

Deja una respuesta