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EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y EL RETO DE LA NEUTRALIDAD DEL PODER PÚBLICO

En los años cincuenta Ernst Forsthoff en su “Tratado de derecho administrativo” decía que la neutralidad del poder público era esencial para poder corroborar la superación de la idea absolutista que había precedido a los Estados y a la formación de los aparatos administrativos. Un rezago que sigue presente en nuestros días, más aún ante situaciones de extrema urgencia, o ante discusiones en las que se retorna al recelo originario entre los poderes públicos.

Por lo que tiene que ver con el primer aspecto, vale la pena recordar que el artículo 12 de la Declaración de 1789 nos decía: “La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une forcé publique; cette forcé est donc institutée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité de ceux aux-quels elle est confié”.

Al proyectarse este precepto en los tiempos de pandemia se encuentra que las potestades administrativas con las que han estado revestidos los gobiernos sin duda alguna han estado orientadas por el interés general, por el bienestar de todos, por la protección de los derechos de los administrados. Sin embargo, el administrado ha cuestionado el ejercicio de estas potestades, y se ha mostrado remiso, quizás porque la administración pública no ha sido capaz de trasladar adecuadamente el mensaje con el que cada una de sus decisiones está revestida: primacía del interés general, del bienestar de todos y de la solidaridad.

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